La desigualdad de los ingresos es uno de los problemas característicos de nuestra época. Nos afecta a todos, en el mundo entero. El debate sobre su repentina aceleración se mantiene desde hace años entre políticos, académicos y activistas, todos igualmente impotentes para detener su continuo crecimiento a pesar de los innumerables discursos, análisis estadísticos, escasas protestas y un esporádico reportaje. Sin embargo, aún quedan interrogantes: ¿por qué? ¿Y por qué ahora?

Los Panama Papers brindan una convincente respuesta a estas preguntas: la corrupción masiva y generalizada. No es una coincidencia que la respuesta provenga de un estudio de abogados. Más que una simple pieza en la maquinaria de «gestión patrimonial», Mossack Fonseca utilizó sus influencias para redactar y manipular las leyes en todo el mundo con el fin de favorecer los intereses de delincuentes durante varias décadas. En el caso de la isla de Niue, la compañía básicamente operó un paraíso fiscal desde el inicio hasta el final. Ramón Fonseca y Jürgen Mossack quisieron hacernos creer que las empresas fantasma de su estudio, a veces llamadas «vehículos con fines especiales», son sólo como los autos. Pero los vendedores de autos usados no redactan leyes. Y el único «fin especial» de esos vehículos era, con frecuencia, el fraude a gran escala.

Las empresas fantasma a menudo están asociadas con el delito de evasión fiscal, pero los Panama Papers demuestran sin duda alguna que aunque estas empresas no son ilegales por definición, son utilizadas para llevar a cabo una amplia gama de delitos graves que van más allá de la evasión de impuestos. Decidí poner al descubierto a Mossack Fonseca porque consideré que sus fundadores, empleados y clientes deberían responder por su participación en estos delitos, de los cuales sólo algunos han salido a la luz hasta la fecha. Demorará años -y posiblemente décadas- que la totalidad de las sórdidas actividades del estudio sean de total conocimiento.

Mientras tanto, se ha iniciado un nuevo debate mundial que resulta alentador. Y a diferencia de la respetuosa retórica de antaño que omitía cuidadosamente cualquier sugerencia de delito por parte de la élite, este debate se centra directamente en lo más importante.

En ese sentido, he realizado algunas reflexiones.

Quiero que quede constancia que yo no trabajo para ninguna agencia del gobierno ni de inteligencia, de manera directa o como contratista, y nunca antes lo hice. Mi punto de vista es de mi absoluta responsabilidad, como lo fue mi decisión de compartir los documentos con Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), sin ninguna intención política específica, sino porque simplemente comprendía lo suficiente de su contenido como para darme cuenta de la magnitud de las injusticias que se describían.

La narrativa de los medios que prevalece hasta ahora se ha centrado en el escándalo de lo que es legal y permitido en este sistema.  Lo que está permitido es realmente escandaloso y debe cambiarse. Sin embargo, no debemos perder de vista un hecho importante: el  estudio de abogados, sus fundadores y empleados realmente infringieron con total conocimiento un sinnúmero de leyes en reiteradas oportunidades en todo el mundo. Ellos declararon públicamente su desconocimiento de los hechos, pero los documentos muestran un conocimiento detallado y un delito deliberado. Por lo menos ya sabemos que el propio Mossack cometió perjurio ante un tribunal federal en Nevada y también sabemos que su personal de tecnología de la información ha intentado encubrir las mentiras.  Todos ellos deberían ser enjuiciados, en consecuencia, sin ningún tratamiento especial.

Al final, miles de juicios podrían provenir de los Panama Papers, si sólo la aplicación de la ley permitiera el acceso y la evaluación de los documentos propiamente dichos. ICIJ y sus publicaciones asociadas han afirmado acertadamente que no proporcionarán estos documentos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, yo estaría dispuesto a cooperar con el cumplimiento de la ley en la medida que me sea posible.

Sin perjuicio de lo anterior, he visto cómo, uno tras otro, whistleblowers* y activistas en los Estados Unidos y Europa han visto sus vidas destruirse por las circunstancias en las que se encuentran tras develar información sobre obvias actividades irregulares. Edward Snowden está varado en Moscú, exiliado debido a la decisión del gobierno de Obama de procesarlo según la Ley de Espionaje. Por sus revelaciones acerca de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), se merece una bienvenida digna de un héroe y un premio sustancioso, no el destierro. Bradley Birkenfeld recibió un premio de millones de dólares por la información que brindó con respecto al banco suizo UBS (y, sin embargo, el Ministerio de Justicia le impuso pena de cárcel).  Antoine Deltour se encuentra actualmente procesado por ofrecer a los periodistas información sobre cómo Luxemburgo realizó acuerdos fiscales «amistosos» para favorecer a corporaciones multinacionales y robó, en la práctica, miles de millones en ingresos fiscales de sus países vecinos. Y existen muchos ejemplos más.

Los whistleblowers legítimos que sacan a la luz delitos incuestionables, ya sean informantes internos o externos, merecen recibir inmunidad contra las represalias del gobierno y punto. Hasta que los gobiernos reglamenten una protección legal para los whistleblowers de acuerdo a la ley, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley simplemente tendrán que depender de sus propios recursos o de la cobertura actual por los medios para obtener los documentos.

Mientras tanto, hago un llamado a la Comisión Europea, al Parlamento Británico, al Congreso de los Estados Unidos y a todas las naciones para tomar medidas no sólo para proteger a los whistleblowers, sino para poner fin al abuso global de los registradores de sociedades. En la Unión Europea, todos los registradores de sociedades de cada Estado miembro deben ser accesibles y contar con datos claramente detallados y disponibles sobre los beneficiarios reales de una empresa. El Reino Unido puede sentirse orgulloso de sus iniciativas nacionales hasta ahora, pero aún tiene que desempeñar un papel esencial poniendo fin al secreto financiero en sus diversos territorios insulares, que son -sin duda- la piedra angular de la corrupción institucional en todo el mundo. Y los Estados Unidos ya no pueden confiar en sus cincuenta estados para tomar decisiones acertadas sobre sus propios datos corporativos. Ya es tiempo de que el Congreso intervenga e imponga transparencia mediante el establecimiento de normas para la divulgación y el acceso del público.

Aunque una cosa es alabar las virtudes de la transparencia gubernamental en cumbres y en grandes discursos, otra muy distinta es aplicarla realmente. Es un secreto a voces que en los Estados Unidos los representantes elegidos pasan la mayor parte de su tiempo en actividades de recaudación de fondos. Es imposible combatir la evasión fiscal mientras los funcionarios electos piden dinero a las principales élites, quienes poseen los mayores incentivos para evadir impuestos en comparación con cualquier otro segmento de la población. Estas desagradables prácticas políticas aún existen y son irreconciliables. Ya no puede postergarse más una reforma del sistema de financiamiento de campañas en los Estados Unidos.

Por supuesto, esas no son las únicas cuestiones que hay que arreglar. El Primer Ministro John Key de Nueva Zelanda se ha mantenido extrañamente silencioso sobre el papel que desempeña su país para autorizar la existencia de una meca de fraude financiero, como las Islas Cook. En Gran Bretaña, los conservadores se han mostrado descarados al ocultar sus propias prácticas relacionadas con compañías offshore, mientras Jennifer Shasky Calvery, directora de la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acaba de anunciar su renuncia para trabajar en HSBC, uno de los bancos con peor reputación en el planeta (no es casual que su sede esté ubicada en Londres). Y así, el gran eco que produce la salida de esta funcionaria pública estadounidense para ocupar un cargo en una compañía privada se produce en medio de un abrumador silencio global proveniente de miles de beneficiarios finales que faltan ser descubiertos y que probablemente estén orando para que su reemplazo sea igual de débil. Frente a la cobardía política, resulta tentador ceder al derrotismo, argumentar que el status quo se mantiene básicamente sin cambios, mientras que los Panama Papers son, en todo caso, un síntoma inequívoco de nuestra sociedad progresivamente enferma y decadente en cuanto a su tejido moral.

Pero el tema se encuentra finalmente sobre el tapete, y no resulta una sorpresa que ese cambio tome su tiempo. Durante cincuenta años, los sectores ejecutivo, legislativo y judicial en todo el mundo han fracasado totalmente para luchar contra los paraísos fiscales que, como un cáncer, se encuentran diseminados por toda la tierra. Incluso hoy, Panamá sostiene que quiere ser conocido por algo más que los Panama Papers, pero su gobierno ha examinado convenientemente sólo uno de los caballos en su carrusel de empresas offshore.

Los bancos, los reguladores financieros y las autoridades fiscales han fracasado. Se han tomado decisiones que han salvado a los ricos mientras que se concentran en controlar a los ciudadanos de medianos y bajos ingresos.

Los juzgados, en un estado de atraso e ineficiencia, han fracasado. Los jueces han aceptado con demasiada frecuencia los argumentos de los ricos, cuyos abogados (y no sólo Mossack Fonseca) están perfectamente capacitados para cumplir la ley, mientras que, simultáneamente, hacen todo lo que está en su poder para violar el espíritu de la misma.

Los medios de comunicación han fallado. Muchas redes de noticias son caricaturescas parodias de lo que ellas mismas eran en el pasado, los multimillonarios parecen haberse apropiado de los periódicos como un hobby, limitando la cobertura de cuestiones serias relacionadas con los patrimonios mientras que los periodistas de investigación serios no poseen financiamiento. El impacto es real: además de Süddeutsche Zeitung e ICIJ, y a pesar de los explícitos reclamos, varios de los principales medios de comunicación sí pidieron a los editores revisar los documentos de los Panama Papers, pero luego decidieron no cubrirlos. La triste verdad es que, entre las organizaciones de medios más destacadas y capaces en el mundo, no había una sola interesada en informar acerca de la historia. Incluso Wikileaks no contestó su línea directa.

Pero, sobre todo, la profesión jurídica ha fallado. La gobernabilidad democrática depende de individuos responsables en todo el sistema que entienden y respetan la ley, no de quienes la entienden y se aprovechan de ella. En promedio, los abogados se han vuelto tan profundamente corruptos que es imprescindible que se lleven a cabo cambios importantes en la profesión, más allá de las tímidas propuestas que ya se encuentran sobre la mesa. Para empezar, el término «ética jurídica», en el que se basan teóricamente los códigos de conducta y autorización para el ejercicio de la profesión, se ha convertido en un oximorón. Mossack Fonseca no operó en el vacío, a pesar de las reiteradas multas y violaciones documentadas de las leyes vigentes, encontró aliados y clientes en los principales estudios de abogados en prácticamente todos los países del mundo. Si la economía destrozada en la industria no era ya una evidencia suficiente, ahora es innegable que los abogados no pueden seguir regulándose unos a otros. Simplemente no funciona de esa manera. Quienes puedan pagar más siempre encontrarán un abogado que sirva para sus fines, ya sea que ese abogado trabaje para Mossack Fonseca o para otra compañía de la que no se sabe nada. ¿Qué ocurre con el resto de la sociedad?

El impacto colectivo de estas fallas ha resultado en un deterioro total de las normas éticas, lo que ha llevado finalmente a un novedoso sistema que todavía se llama capitalismo, pero que equivale a la esclavitud económica. En este sistema (nuestro sistema), los esclavos no son conscientes de su condición y de sus amos, quienes existen en un mundo aparte donde los grilletes intangibles se ocultan cuidadosamente entre montones de inaccesible jerga legal. La terrible magnitud del daño para el mundo debería alarmarnos. Y cuando el que activa la alarma es un whistleblower, deberíamos tener motivos para preocuparnos aún más.  Es señal de que todos los controles y equilibrios de la democracia han fallado, que la ruptura es sistémica y que la grave inestabilidad podría estar a la vuelta de la esquina. Así que hoy es el momento para tomar realmente acción y empezar a hacer preguntas.

Los historiadores pueden narrar fácilmente cómo los problemas relacionados con la tributación y los desequilibrios de poder han llevado a revoluciones en épocas pasadas. Entonces, fue necesario el poderío militar para subyugar a los pueblos, mientras que ahora, limitar el acceso a la información es tan o más eficaz, ya que la ley es a menudo invisible. Sin embargo, vivimos en una época de almacenamiento digital barato y sin límites, y de conexiones a Internet rápidas que trascienden las fronteras nacionales.  No se requiere mucho esfuerzo para conectar los puntos: desde el comienzo hasta el final, desde la creación hasta la distribución global de los medios de comunicación, la próxima revolución se digitalizará.

O, quizás, esta revolución ya ha comenzado.

 

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*John Doe es la fuente que entregó los 11.5 millones de documentos, extraídos de la firma panameña Mossack Fonseca, a los periodistas Frederik Obermaier y Bastian Obermayer del diario alemán Süddeutsche Zeitung que luego compartieron la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y una red de 100 organizaciones de noticias, entre ellas Ojo-Publico.com. No se conoce la real identidad ni la ubicación exacta de la fuente. Desde el 3 de abril, cuando se revelaron los Panama Papers, John Doe se unió a la exclusiva lista de whistleblowers del mundo junto con el exmilitar del ejército norteamericano Bradley Manning, el exconsultor de inteligencia Edward Snowden y el ingeniero de sistemas Hervé Falciani.

*Whistleblower: Revelador de secretos, filtrador, informante.

Créditos:

Artículo original: Süddeutsche Zeitung. Traducción: Sandra Capcha, con el apoyo de Oxfam. Edición: Luis Yáñez.