El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, Sergio Espinoza, habló con Ojo-Publico.com sobre las recientes revelaciones de Panama Papers y mencionó que, aunque legales, los paraísos fiscales amenazan la lucha contra el lavado de activos y el sistema político. La UIF plantea modificar la legislación para transparentar el ejercicio de los abogados dedicados a la creación de compañías offshore.
¿Qué impresión tienen en la UIF con las revelaciones de Panama Papers que mencionan que varios políticos y empresarios tienen innumerables compañías offshore?
El alcance de la revelación de las publicaciones periodísticas es impresionante a nivel global. Pero no se puede decir que sea sorpresa ¿no? Todo el mundo sabe que se hace. Y respecto a esto incluso existe una doble moral global, porque varias de las jurisdicciones donde esto sucede forman parte de Estados como el Reino Unido u otros similares. Lo que esto demuestra es un problema de falta de transparencia y de opacidad financiera que ya se conocía. Los países tratan de avanzar contra esto con una mano, pero con otra jalan las riendas para no avanzar lo suficiente.
¿Considera que los paraísos fiscales y las compañías offshore son una amenaza para la lucha contra el lavado de activos?
Sí, claro, son una amenaza para el sistema anticorrupción. Cualquier forma de opacidad financiera que permita que las personas y empresas de cualquier giro puedan ocultar sus ingresos y las fuentes de sus ingresos, es peligroso para el sistema de lavado, para el sistema político. No es un ejercicio de chismografía saber cuánto tiene una persona fuera o qué se llevó. Lo que se quiere saber es de dónde viene ese dinero y si ese dinero pagó impuestos. Entonces, después de saber eso, si quiere se puede llevar ese dinero a la Muralla China y tenerlo allí. Y no solo se trata de un tema tributario. Yo pregunto dónde tienen su dinero los capos del narcotráfico u otros cabecillas del crimen organizado. Evidentemente en jurisdicciones que permiten el anonimato.
¿Qué mecanismo tiene en este momento la UIF para detectar operaciones sospechosas o ilegales que involucren a compañías offshore?
El primer tema es identificar las operaciones locales de estas empresas. Nosotros investigamos a partir de los reportes de operaciones sospechosas que nos llegan desde los bancos. La legislación vigente señala que el banco tiene que saber quién es su cliente y quién es el beneficiario final. Si existiese alguna duda, deberá enviar un reporte a la UIF. Ahora, no todos los bancos tienen igual rigor.
¿Qué ocurre cuando estas operaciones son realizadas por empresas constituidas que manejan mucho flujo financiero? ¿Qué criterios tienen en cuenta los oficiales de cumplimiento de los bancos para reportar esas transacciones?
Usted, ha dado en la clave. No solo depende del tamaño de la empresa. Pero en esos casos el banco debe saber cuál es el perfil del cliente, tiene que saber quién está al otro lado. La persona jurídica que es cliente de un banco tiene un perfil de negocio y ese perfil tiene que responder a las operaciones que realiza. Por ejemplo, una empresa va al banco y le dice: yo soy un exportador textil que vendo a Venezuela. Entonces, el banco tiene que enviar a una persona a ver la supuesta fábrica y si se está tejiendo la ropa que dicen exportar. Si en la visita encuentra cuatro paredes vacías y una sola máquina, el banco dirá: "ah bueno, esto es sospechoso" y por lo tanto elaborarán un reporte para alcanzarlo a la UIF.
¿Cuántos reportes recibe o ha recibido la UIF el 2015?
Alrededor de seis mil.
¿Cuál es el nivel de coordinación entre la UIF y la SUNAT para identificar casos de lavados de activos, triangulación tributaria y la evasión de impuestos?
Hay muy buena relación de coordinación en temas de comercio exterior, pero en la parte de tributos internos sí tenemos un problema. No se trata de coordinación, sino de un obstáculo legal, y es que la ley no les permite a ellos alcanzarnos información que está protegida por secreto tributario. Entonces, si yo quisiera ver cuáles son los impuestos que ha pagado una persona a la que estoy investigando, la Sunat no puede darme esa información porque el código tributario se lo prohíbe. Para salvar esta situación hace un tiempo planteamos al Congreso un cambio en la ley, pero no lo aprobaron. Allí hay una pared que impide que estas dos agencias compartan información y obviamente se genera una zona gris que beneficia a muchos.
¿Por qué es importante que la UIF reciba información tributaria de personas vinculadas a reportes sospechosos?
Porque cuando nosotros recibimos un reporte de alguien sospechoso, la primera pregunta que se hace el analista es si los movimientos bancarios de esa persona exceden los parámetros de su perfil económico. Puede ser que para el banco esta persona haya movido mucha más plata de lo que ellos suponían, pero de repente si uno ve la pintura completa, uno se da cuenta de que tiene otros negocios, otros ingresos y por la tanto esas transacciones sí tienen lógica. Por eso a mí me interesa saber cuál es el perfil de ingresos en el Perú de una persona y esa información la tiene la Sunat.
Y en este momento solo pueden acceder en esta información si la persona tiene investigación judicial.
Sí, y ahí hay dos problemas. Por un lado, para cuando eso ocurre la plata ya se pudo haber ido, y por otro, los reportes que enviamos a la Fiscalía con casos sospechos llegan incompletos, sin la información tributaria de la persona. Y la Fiscalía siempre nos va a regresar el expediente para que lo complete con toda la información y mientras eso ocurre ya hemos perdido un año en el camino. El sistema no es eficiente en este momento para perseguir el lavado de activos.
¿Cuántos casos de los seis mil reportes de movimientos sospechosos que recibieron 2015 se constituyeron en oficios enviados al Ministerio Público por presunción de lavado?
Alrededor de cien. Pero hay que tomar con pinzas esas estadísticas, porque normalmente cada reporte que se envía al Ministerio Público agrupa a varias operaciones sospechosas y a varias personas.
¿En algún momento habían escuchado en la UIF el nombre del estudio Mossack Fonseca?
Yo no. Pero yo no soy la persona ni el área que ve directamente los casos. Hay que tener en cuenta que hay un tema pendiente en el país y es la regulación de la labor del abogado. En otros países, los abogados que estructuran empresas tienen una regulación específica y son sujetos obligados a reportar a la UIF, esto es un tema pendiente por introducir en la legislación peruana.
¿Qué es lo que deberían reportar exactamente los estudios de abogados?
Por ejemplo, si yo voy a un estudio de abogados y le digo: "mire señor, quiero que me diseñe una estructura de empresas de manera que nadie sepa dónde está mi plata y de dónde vino", eso debería generar que ese estudio de abogados haga un reporte a la UIF en la que se detalle que hay una persona que ha solicitado ese servicio. Esto ya forma parte de la legislación en otros países. Si lo planteamos aquí seguramente saldrán a decir que es inconstitucional, etc. Pero es un estándar que ya está reflejado a nivel global. Y nosotros vamos a tener que empezar algo así en algún momento.
¿Han identificado en Lima otros estudios que construyen offshore como Mossack Fonseca?
No como UIF. Sin embargo, es conocido que es una práctica que existe en el mercado. Como le digo, eso tiene que ser modificado con la posibilidad de que los abogados sean sujetos obligados a reportar cuando realicen ese tipo de labores. El 2009 nosotros propusimos un proyecto de ley para que los abogados reporten al sistema de prevención de lavado, pero la iniciativa no prosperó. El Congreso lo archivó y ahí ha quedado. Es cuestión de revivirlo.