El empresario trujillano Fernando Richard Barreto Paredes (42), acusado por el Ministerio de la Producción por operar con fallos judiciales irregulares, multado y suspendido en innumerables ocasiones por casos de pesca de anchoveta en exceso o por hacerlo en áreas prohibidas del litoral norte del Perú, se convirtió en el 2015 en uno de los clientes de la filial de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas, después de que la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) lo pusiera en la mira por cobranza coactiva, evasión tributaria y presunto desbalance patrimonial.

Ojo-Publico.com descubrió que Barreto Paredes -quien figura como dueño de 13 embarcaciones pesqueras inscritas en Piura, Chiclayo, Trujillo y Lima, un terreno rural de 7 hectáreas en Chimbote y vehículos de lujo en la capital- usó los servicios del polémico estudio panameño en Lima para adquirir las sociedades offshore Balzares Group y Redgap Group en el Caribe el 2015. Esto ocurrió poco tiempo después de que el Ministerio de la Producción le embargara el predio antes citado por una deuda coactiva superior a S/.1 millón y de que la Sunat comenzara a rastrear sus operaciones tributarias y financieras vinculadas a una red de presuntas empresas de fachada en Chimbote y Lima.

Nos comunicamos con los teléfonos vinculados a Barreto en Chimbote, sin poder ubicarlo. También llamamos al celular del armador pesquero para preguntarle por su relación con Mossack Fonseca. La persona que respondió, luego de escuchar nuestras preguntas y de hablarle del caso Panama Papers, enmudeció y dijo que solo era asistente del empresario: “El señor no contesta porque lo están extorsionando”, indicó e inmediatamente cortó la llamada. Le dejamos un mensaje, pero no respondió al cierre de edición.

La historia de este caso empezó cuando el cliente de la firma panameña, propietario también de una compañía constructora creada en Lima en el 2014, de un llamativo auto Porsche comprado por US$ 75 mil el 2015 y apoderado de una empresa financiera constituida este año en Chimbote con un capital de S/.1 millón, intentó bloquear una serie de acciones de fiscalización de la Sunat que se extendieron a otras presuntas empresas de fachada del rubro pesquero. 

La investigación periodística descubrió que los principales sindicados en el proceso en curso son Barreto Paredes, la chimbotana Liliana Marisol Alegre López (42), vinculada a sus negocios, y un grupo de personajes de su entorno. Tanto Barreto como Alegre han estado en la mira de la Sunat desde el 2012. El empresario, que aparece en los Panama Papers, y la mujer, que registra domicilio en un pueblo joven de Chimbote, figuran entre los empresarios bajo investigación por montar un complejo esquema de evasión mediante la acumulación de millonarias sumas de dinero por concepto de detracciones. 

En este proceso jugaron un papel clave más de 50 compañías que tienen el mismo perfil: fueron creadas en los últimos años bajo el rubro pesquero y se ubican en el distrito limeño de Surquillo y el centro de Chimbote (en direcciones vinculadas a Barreto Paredes y a Liliana Alegre). Casi todas fueron dadas de baja en la Sunat mientras Alegre era su gerente general, estuvieron activas por un plazo promedio de casi tres años y operaban como empresas individuales de responsabilidad limitada (conocidas por la sigla EIRL).

EL ANCHOVETERO DE LOS PANAMA PAPERS

En la última década, el accionista trujillano de dos offshore en las Islas Vírgenes Británicas se hizo conocido en el ámbito pesquero por sus constantes litigios con el Ministerio de la Producción, el cual ha castigado en innumerables ocasiones sus operaciones de pesca ilegal en el litoral. 

Solo entre el 2008 y el 2013, dicha entidad le impuso 47 multas por un monto total de S/.1.4 millones (391 unidades impositivas tributarias-UIT). Además, suspendió las operaciones de sus embarcaciones hasta por 30 días en algunos de los casos, le decomisó toneladas de anchoveta por faltas graves en la extracción de recursos hidrobiológicos en áreas prohibidas y en cantidades mayores a la capacidad de bodega autorizada en su permiso de pesca.

El 2008, los litigios de Barreto por mantenerse en el millonario negocio de la pesca de anchoveta provocaron un escándalo judicial en Áncash. La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) solicitó la destitución de un juez de Chimbote, Manuel Encarnación Toscano, y de tres asistentes, Dinorah Valladolid, Karin Rojas y Elizabeth Gutiérrez, por los graves casos de manipulación del sistema informático de expedientes y por irregularidades en un fallo que ordenó al Ministerio de la Producción emitir permisos de pesca en contra de la ley, uno de ellos en favor del empresario trujillano.

Sin embargo, todos estos hechos no impidieron que el armador pesquero -egresado como ingeniero químico de la Universidad Los Ángeles de Chimbote- acumulara un importante patrimonio en ese periodo. Ojo-Publico.com conoció que la Sunat estableció en el 2007 las primeras irregularidades en el accionar de Barreto Paredes como gerente general de la empresa Pesquera Dios del Mar y por ello lo obligó a pagar S/.400 mil.

El ente tributario, según la resolución del caso, estableció entonces que el empresario actuó con dolo porque no entregó ningún documento contable sobre sus operaciones de compra, venta y los importes de detracción de sus clientes (un mecanismo tributario para pagar impuestos) en la época fiscalizada.

FACHADA PESQUERA Y DETRACCIÓN

En el 2012, el ente fiscalizador investigó irregularidades en las finanzas de Barreto Paredes por la acumulación de importantes sumas de dinero por concepto de detracciones justificadas. Esto debido al alquiler de sus embarcaciones a algunas de las 50 compañías de fachada gerenciadas por Liliana Alegre. El hecho extraño es que algunas de estas empresas ya dadas de baja - y que además fueron multadas por el Ministerio de la Producción por actividades pesqueras entre el 2014 y el 2015- figuraban en direcciones de Chimbote y Lima relacionadas al mismo arrendador de las naves.

En uno de los casos, ocurrido el 19 de abril del 2011, los inspectores del Programa de Vigilancia y Control de pesca del Ministerio de la Producción reportaron al cliente de Mossack Fonseca por infracciones en las operaciones de su embarcación María Faustina II y le decomisaron 7 toneladas de anchoveta -de un total de 34- extraídas del litoral. Sin embargo, cuando empezó la investigación, Barreto Paredes logró evadir su responsabilidad en el caso porque apareció un contrato de transferencia de posesión de la nave pesquera, el mismo que se encontraba vigente cuando ocurrió la intervención de los agentes del ministerio.

Según el contrato, el nuevo administrador de la embarcación María Faustina II era la compañía Grupo Erizo EIRL (luego sancionda con 10 UIT) que también tenía como gerente general a la chimbotana Liliana Alegre, y cuya dirección de sucursal estaba en el Jirón Leoncio Prado 334 (a pocos metros de la plaza de Armas del Santa). Aquí mismo se encuentra domiciliada la madre del empresario trujillano, al igual que sus empresas Hielo Mar del Chimbote y Constructora Feriba.

En esta dirección también se ubican algunas otras de las 50 empresas consideradas de fachada en la investigación tributaria y multadas por el Ministerio de la Producción en casos similares al anteriormente citado, la mayoría de ellos impagos porque nunca aparecieron sus representantes verdaderos.

LOS ASESORES Y EL GRUPO VERONA

Luego de detectarse el esquema de evasión, Barreto declaró ante el fisco importantes sumas de dinero, hasta por un monto de S/.16 millones entre el 2012 y el 2015, año en el que finalmente adquirió dos offshore de la firma panameña. Cuando empezó la indagación tributaria, fueron el contador Walter Aiquipa Ávalos (45) -exgerente general y exapoderado de una empresa llamada Gerencia de Auditoría creada por el abogado José Verona Baluarte el 2011-, su colega Julio Omar Primo Lingan (30) y Fernando Franco Delgado (26), quienes atendieron las primeras acciones de fiscalización contra el empresario y algunas de las compañías vinculadas a esta red.

Ojo-Publico.com conoció que Aiquipa, Primo y Franco se encargaron por separado del caso Barreto y de las compañías Pesquera Faustina y Crichale Negocios (que tuvieron como gerente a Liliana Alegre), Manglares Mar y Asesoría Industrial del Santa, todas del rubro pesquero, ya dadas de baja y vinculadas a direcciones similares en Surquillo y Chimbote.

Al rastrear el centro de trabajo de los especialistas hallamos que ellos laboraron en las empresas Gerencia de Auditoría, Gerencia de Contabilidad y Grupo Verona Capacitación en diferentes momentos del 2010 y el 2014. Estas últimas -junto a otras cuatro organizaciones (Gerencia Legal, Gerencia Tributaria, VGN Advisors y Grupo Verona)- fueron fundadas por el abogado Verona y sus hermanos y actualmente tienen la misma dirección en Surquillo.

Consultado para este reportaje, Verona reaccionó molesto y negó que el pesquero fuera su cliente. Además dijo que Aiquipa y Franco fueron despedidos de su empresa en el 2010. Luego de prohibir que se reproduzcan sus declaraciones, se negó a una entrevista personal y cortó la llamada. Un vocero de la empresa se comunicó con Ojo-Publico.com y dijo que el abogado integraba la comisión de transferencia de Pedro Pablo Kuczynski en el Ministerio de Economía y Finanzas y que por eso no podía hablar.

Horas después, uno de los socios de Verona, José Castillo, nos llamó y dijo: “Entiendo que [Barreto Paredes] tuvo algunas comunicaciones preliminares… Vino a presentarse con nosotros, pero no tomamos ningún caso de él, ni de empresas vinculadas… ni siquiera le hicimos una cotización”. Luego culpó a los tres contadores de trabajabar por fuera de la compañía e indico que por ello fueron despedidos entre el 2012 y 2013.

Además llamamos al contador Aiquipa, quien laboró en el estudio del exasesor tributario de Vladimiro Montesinos, Mauricio Muñoz Najar. Este aceptó haber trabajado en la empresa de Jose Verona y dijo conocer al empresario pesquero. Después dijo no recordar en qué epoca y cortó la llamada: “Estoy full hermano”.

La empresa de José Verona, un exasistente administrativo de la Sunat y exgerente legal del Gobierno Regional del Callao, dice ser “pionera en devoluciones tributarias” y “diseño de estructuras legales adaptadas a nuestros clientes”. Además promociona sus servicios en las portadas de diarios locales y en sus versiones online bajo los siguientes lemas: “¿Te han notificado un requerimiento de Sunat? Solucione sus inconsistencias y reparos con nuestra defensa” y “¿Buscas capital de trabajo? Planifica tus inversiones con nuestra asesoría en devolución de impuestos”. 

Dos de sus avisos, emitidos en plena publicación de los Panama Papers en abril pasado, reflejan el perfil de esta empresa: “¿Tienes una offshore? Sunat verificará el origen de los ingresos y si año a año declaraste sus utilidades. Asésorate” o “¿Concuerda su situación económica y financiera con tu patrimonio declarado ante Sunat. Evite denuncias y embargos con nuestra asesoría de: Incremento patrimonial no justificado”.

OFFSHORE Y PIRATERÍA DE DISCOS

Por esa época, uno de los que tenía problemas tributarios era el armador anchovetero. En el 2016, tiempo después de la indagación de la Sunat y de las asesorías citadas, se hicieron públicos los contactos de Barreto con Mossack Fonseca. El primero en identificar la offshore del empresario, aunque sin dar detalles, fue el diario Correo de Chimbote el 13 de mayo de este año. 

Al día siguiente, el medio reportó un hecho sorprendente: “Tres jóvenes con capuchas llegaron a la sede de la distribución de este diario para comprar todos los ejemplares… las personas se movilizaban en una camioneta de placa AHN-715 que pertenece a Hielo Mar Chimbote cuya gerenta es la madre de Barreto. Los diarios eran adquiridos incluso a los mismos canillitas a un sol el ejemplar. Similar situación ocurrió en Nuevo Chimbote”.

Durante los trámites de compra de las dos offshore en Islas Vírgenes Británicas, Balzares Group y Redgap Group, la sección de Mossack Fonseca Panamá, encargada de revisar los antecedentes negativos de sus clientes, envío un correo a su filial en Lima preguntando por la publicación de un medio limeño que cuestionaba las operaciones pesqueras de Barreto Paredes.

Al poco tiempo, la sede de la firma en Lima -la misma que antes aceptó como clientes al hoy encarcelado Rodolfo Orellana, al narcotraficante Ment Floor Dijkhuizen y al exasesor montesinista Mauricio Muñoz-Nájar Bustamante- se encargó de descartar cualquier mancha sobre el trujillano. Los Panama Papers revelan que Mossack Fonseca luego de incorporar al empresario en ambas offshore tramitó poderes para dos personas: Luis Bazán Calderón y Ebert Caman Monzón, ambos gerentes de empresas del rubro pesquero en Lima y con direcciones vinculadas a algunas de las 50 compañías de fachada de Barreto Paredes y Liliana Alegre.

Bazán fue detenido por la Policía en una operación contra la piratería de discos en Chimbote en diciembre del 2015. La intervención, en la que se incautó un cargamento de 14 mil DVD valorizados en S/.200 mil se realizó en un mercado informal del centro de Chimbote, cerca de la ubicación de las empresas de Barreto Paredes.

Por ahora se desconoce si fue el empresario pesquero quien se contactó directamente con Mossack Fonseca para tramitar sus acciones en las Islas Vírgenes Británicas (envío de pasaporte y referencias personales incluidas) o si lo hizo a través de algún otro contacto legal o tributario. La investigación continúa.