El nombre de Ramón Luis Ayala, Daddy Yankee, aparece dentro de la enorme filtración de información de la Panamá Papers. Los documentos y comunicaciones revelan que el cantante de reguetón estructuró un complejo esquema corporativo para presuntamente ceder los derechos de uno de sus conciertos en Perú a cambio de la transferencia de US350.000 a una cuenta bancaria en el extranjero a través de una compañía offshore.
Desde que saltó de Villa Kennedy al estrellato en el 2004, el "Rey del Reguetón" Daddy Yankee ha vendido más de 20 millones de discos, ha ofrecido cientos de conciertos alrededor del mundo, lanzó dos disqueras y líneas de ropa, perfume, relojes y zapatos, ha protagonizado una película y campañas publicitarias internacionales. Durante esa fructífera trayectoria sus empresas El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc. han reportado un capital anual de menos de un millón de dólares o pérdidas.
Solo sus conciertos generan enormes cantidades de dinero, ganancias que fluctúan, pero que superan los doscientos mil dólares por cada uno de ellos, según documentos revisados por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico (CPI). A las ganancias de los conciertos se agregan las regalías de sus discos, los auspicios de marcas como Pepsi y Reebok, su participación en programas radiales y televisivos, y las ventas de todo tipo de artículos de la marca del artista, entre otros productos comerciales creados por su emporio familiar de negocios.
El cuadro financiero que las dos compañías han pintado ante el erario público durante la década de éxitos comerciales y giras mundiales de "King Daddy", contrastan además con su estilo de vida. Al 2015, el cantante, cuyo nombre es Ramón Luis Ayala, y su esposa Mireddys González Castellanos tenían un total de ocho propiedades en Puerto Rico, incluyendo su residencia en Vista Mar Marina y su finca “El Cartel” en la Hacienda Carabalí de Luquillo, y dos propiedades en Florida, según declaró el propio cantante a la corte federal en un interrogatorio. Asimismo, alquila periódicamente para sus paseos de placer el yate de 100 pies Now We Are Here en la marina Puerto del Rey de Fajardo, que tiene un costo semanal estimado de $30,000, informaron dos fuentes que hablaron bajo condición de anonimato.
El nombre de Daddy Yankee salió a relucir junto a una larga lista de ricos, poderosos y criminales del mundo vinculados a la firma legal panameña Mossack Fonseca (MF) en la mega investigación internacional Panama Papers del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ en inglés).
La organización periodística obtuvo 11.5 millones de documentos internos de Mossack Fonseca -incluyendo récords corporativos y bancarios, correos electrónicos, bases de datos, y documentos de identidad- que fueron analizados durante un año por 376 periodistas de 109 medios aliados alrededor del mundo, entre los que figura el CPI en Puerto Rico. Mossack Fonseca es un despacho multinacional que se especializa en crear corporaciones anónimas y cuentas bancarias offshore para sus clientes, y en proteger a toda costa su identidad.
El nombre de Ramón Luis Ayala surge dentro de la pesquisa como eje de un complejo esquema corporativo montado para presuntamente ceder los derechos de uno de sus conciertos en Perú a cambio de la transferencia de 350.000 dólares a una cuenta bancaria en el extranjero. El entramado de empresas incluye a una compañía llamada Arion Investments LLC incorporada en Nevada en el 2006 por personal de Mossack Fonseca como un “shell company”.
Una “shelf company” es una compañía preregistrada, usualmente por una firma de abogados, que no está en operaciones sino que permanece lista para venderse a un cliente que la quiera utilizar. Estas corporaciones pueden ser adquiridas y utilizadas para propósitos lícitos y fidedignos, o pueden ser utilizadas como un frente para la evasión contributiva, el lavado de dinero, u otras actividades ilícitas. Cuando ocurre esto último ya pasa a ser denominada como un “shell company” o compañía fantasma cuyo único propósito es ocultar activos. Lo mismo ocurre con los entes corporativos y cuentas offshore.
Las llamadas sociedades offshore son empresas que se caracterizan por estar registradas un país paraíso fiscal en el que no realizan ninguna actividad económica o comercial. Se constituyen para tomar ventajas contributivas y de privacidad que dificultan la identificación del flujo de sus dineros.
En el caso de Daddy Yankee, Arion Investments LLC adquiere los derechos del citado concierto por 250.000 dólares del representante del cantante, Cárdenas Marketing Network, y dos días más tarde los revende a una empresa peruana, Expectar Producciones SRL, por 350.000 dólares. La compañía Arion Investments fue incorporada a petición de un “cliente”, según trasciende en los intercambios de los correos electrónicos de empleados de MF, que nunca lo identifican por nombre sino por un número.
Los 350.000 dólares serían transferidos por la productora, según el contrato en manos del CPI, “72 horas después de la presentación del espectáculo” de Daddy Yankee a una cuenta a ser informada “oportunamente” por Arion. El documento estipula que Expectar también pagaría $70,000 directamente al artista, así como la negociación de una compensación económica adicional no estipulada, y otras condiciones como el pago de los traslados y dietas del artista y su equipo, más los gastos de producción. El concierto finalmente fue celebrado el 10 de junio de 2006 en el Estadio de la Universidad San Marcos de Lima y los dineros fueron transferidos en pagos a Arion el 19 de enero, el 5, 12, y 25 de septiembre, y el 29 de diciembre de 2006 por $226,753, y el 10 de enero, 16 y 20 de marzo de 2007 por $123,247, según detallan documentos de la Fiscalía Peruana relacionados con un caso contributivo posterior contra la productora.
El mencionado contrato establece que el artista tenía un contrato adicional con Arion, pero dicho documento no figura entre los expedientes de MF obtenidos por el CPI.
Cuando se busca quién o quiénes son los dueños y oficiales de la entidad corporativa Arion para saber el destino final del dinero, resulta que son otras dos corporaciones, pero esta vez sociedades anónimas panameñas, Hillard Enterprises S.A. y Fergus International S.A., también registradas por personal de MF. Es decir, no es posible dar con el beneficiario último de las ganancias del contrato por el concierto del reguetonero boricua. Las tres empresas fueron creadas por MF para propósitos no especificados, y ninguna realiza actividades comerciales conocidas. Los oficiales firmantes en las tres corporaciones son las mismas personas: empleados de MF que han participado en la creación de decenas de miles de otras corporaciones registradas por la firma, según revela la investigación de ICIJ.
Los abogados ex secretarios auxiliares de evasión contributiva de Hacienda y expertos en el tema, Eduardo Martínez Echeverría y Miguel Eliza Rivera, explicaron que uno de los métodos que individuos y corporaciones utilizan para la evasión es la creación de estructuras con muchas capas de entidades corporativas para que se dificulte la identificación de la procedencia y del destino final del dinero. Asimismo, indicaron que uno de los métodos que los investigadores utilizan para detectar evasión es la comparación del estilo de vida y nivel de gastos de la persona con los ingresos que declarados.
Arion Investments fue adquirida por un cliente al cual no se identifica y a nombre de quien MF y su personal realiza todas las gestiones, incluyendo el envío de cartas al banco de Curazao Exprinter Bank, con sucursal de Nevada, para la creación de una cuenta bancaria un mes después del concierto, según se desprende de correspondencia interna de MF. El contrato entre Arion y Expectar en poder del CPI fue enmendado para incluir presentaciones adicionales del artista en Perú por lo menos hasta el 2009, pero se desconoce si se realizaron transferencias de fondos a través de Arion por conciertos posteriores.
Ayala declinó conceder una entrevista al CPI para contestar preguntas sobre el tema de sus finanzas corporativas y aclarar su relación con estas compañías a través de su relacionista público, Helga García. Tampoco proveyó información solicitada sobre sus conciertos en los pasados 10 años. García indicó que la solicitud del CPI era “complicada” y que Daddy Yankee se encontraba fuera del país participando de La Voz Kids. Solicitó señalamientos específicos para que los asesores del cantante, incluyendo a su abogado Edwin Prado, pudiesen evaluar y responder, lo cual el CPI hizo de inmediato por escrito, pero tampoco fueron contestados. Prado representó en el pasado a otro de sus clientes del mundo del reguetón, Raphy Pina de Pina Records, quien fue convicto a nivel federal por un esquema de fraude y lavado de dinero.
Posterior al contrato con la productora peruana Expectar, Daddy Yankee contrató en el 2010 con la compañía de producción Argentina Five Live Entertainment para realizar una gira de 10 conciertos por 1.3 millones de dólares. Nuevamente, el monto solo correspondía a los derechos de la venta de los conciertos, ya que el productor se comprometía en el contrato a asumir todos los gastos de los eventos, incluyendo promoción, alquileres, transportación, equipo y hospedaje. En esta ocasión, representó al artista la empresa Ícaro Services, Inc., incorporada en Florida en 2008 por el colombiano Edgar Baldiri Martínez. Los dineros fueron transferidos a una cuenta de Citibank en Florida, según corroboró el CPI en una multimillonaria demanda federal que el artista perdió en el 2013 por la cancelación de los conciertos, difamación y la apropiación ilícita de $800,000 de los dineros prepagados al artista por Argentina Five. El jurado le impuso una sentencia a Daddy Yankee, a El Cartel Records, y a su agente Icaro Services por $6 millones, que no han sido pagados. El caso está en apelación, pero la corte está en el proceso de embargar cuentas para garantizar el pago de la sentencia.
Tanto la información sobre las transferencias de pagos del concierto de Perú, como las de la fallida gira de Argentina revelan la magnitud de las sumas que los productores de cada país pagan solo por los derechos de los conciertos. En el citado pleito federal el propio cantante declaró bajo juramento que los pagos por sus espectáculos varían, pero rondan los 100,000 dólares por cada concierto a él y otros 100.000 dólares a El Cartel Records, según declaró la contralora de la empresa y su cuñada, Ayeicha González.
Desde el 2004, el cantante visita anualmente sobre una decena de países y en la mayoría de ellos ofrece varios conciertos. Dicho nivel de actividad comercial, sumado a los discos y productos lanzados al mercado todos los años, contrastan con los informes financieros radicados anualmente por sus corporaciones en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Los informes también presentan incongruencias numéricas e irregularidades.
En el 2004, Ayala lanzó su álbum más vendido hasta la fecha, Barrio Fino, pero El Cartel, recién incorporada, no reportó capital y su empresa Los Cangris solo reportó 57.000 dólares. Al año siguiente, cuando explotó la canción que ha sido su mayor éxito hasta la fecha, la Gasolina, Paramount Pictures hizo una película de su autobiografía, y Pepsi Co. lo contrató para protagonizar su campaña publicitaria a nivel de Estados Unidos, pero las empresas reportaron tener un capital de $326,113 y de 549.035 dólares. En el 2014 Barrio Fino se consagró como el disco más vendido de la década según Billboard con más de 10 millones de copias vendidas y 15 millones de descargas. Sin embargo, El Cartel reportó un capital $793,182 y Los Cangris pérdidas por $1.3 millones.
La excepción en este patrón lo fue el 2010 cuando El Cartel informó un capital 5.4 millones de dólares, pero al año siguiente radicó un informe donde reporta cero de capital y el año que siguió, pérdidas por 506.000 dólares.
Los Cangris fue incorporada en el 2001 por el propio Ramón Luis Ayala Rodríguez, quien aún vivía en el residencial público Cooperativa Villa Kennedy de Santurce en donde se crío y comenzó a hacer música en los años noventa. El Cartel Records fue registrada por su hermano, Nomar Ayala Rodríguez, en diciembre de 2003. Por más de una década las dos compañías han sido presididas por la esposa del Big Boss, Mireddys González Castellanos, y los puestos de oficiales corporativos se han mantenido en manos de la hermana de esta, Ayeicha, quien figura como tesorera y secretaria en los documentos. Ambas corporaciones son 100% propiedad de la pareja que contrajo nupcias cuando el cantante tenía 17 años.
También hay un contraste con los ingresos que El Cartel ha reportado solo por regalías. Según Ayeicha González informó bajo juramento a la corte, el estimado de ingresos por regalías solo de esa empresa por los pasados 10 años excede los $12 millones. A esta cifra se agregarían los ingresos por auspicios, por los conciertos, y otros productos y servicios ofrecidos por el emporio del artista a través de El Cartel, de Los Cangri y de dos otras empresas: DY Marketing y DY Broadcasting.
Departamento de Hacienda podría investigar
Las empresas domiciliadas en Puerto Rico tienen que informar al Departamento de Hacienda todos sus ingresos, incluso los que generen por ventas o servicios fuera de la Isla, según afirmó el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, a preguntas del CPI sobre las leyes contributivas que aplican en general a las empresas que hacen negocios en el extranjero. Asimismo, indicó que dichas corporaciones tienen que conservar sus libros contables y tenerlos disponibles para inspección de la agencia.
Se le preguntó cómo Hacienda está seleccionando las investigaciones de evasión que se están realizando bajo su administración y que han generado 17 referidos al Departamento de Justicia, e indicó que mayormente por confidencias o como resultado de los informaciones que surgen en sus procesos regulares de auditorías, pero que ha iniciado dos proyectos especiales para investigar a las personas que que no han radicado planillas durante varios años consecutivos y a las empresas que no están remitiendo el IVU. Se le preguntó si durante su incumbencia se ha investigado a alguna empresa o personalidad de la industria de la música, o con operaciones o cuentas offshore, y respondió que no.
No obstante, indicó que Hacienda tiene la capacidad de conducir este tipo de pesquisa y que además tiene un acuerdo de colaboración con el Servicio Federal de Rentas Internas en caso de que recibiese información sobre algún caso.